Las pequeñas funerarias advierten que el 70% de las familias no puede elegir quién hará el servicio

Ante el fallecimiento de un familiar, con muchísima frecuencia sus allegados no eligen libremente a la funeraria que se encargará del servicio porque esta les viene “sugerida” o “impuesta” por compañías de seguros de decesos o por los centros sanitarios, según denuncia Aurelio Sánchez, presidente de la patronal de pequeñas funerarias Esfune.

Según un estudio de Esfune, que próximamente entregará a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), las familias no pudieron elegir o se les plantearon problemas para contratar libremente a la empresa funeraria que se encargase del servicio en el 69,60% de las defunciones registradas en España en 2019.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 410.280 fallecimientos en 2019. Cerca del 61% poseía una póliza de decesos, según estimaciones de la patronal aseguradora Unespa. Esto supone que más de 250.000 sepelios estuvieron cubiertos por un seguro.

A partir de estos datos, Esfune calcula que, de los 250.000 fallecidos en 2019 que contaba con un seguro de decesos, sus familiares sufrieron “dirigismo” hacía una determinada funeraria en más de 219.000 casos.

Esfune mantiene que solo el 10% de familias deciden libremente la funeraria cuando el finado tenía un seguro de decesos

La patronal de pequeñas funerarias denuncia que las compañías aseguradoras dirigen los servicios de los clientes que les contrataron pólizas hacia funerarias de su mismo grupo empresarial o con las que mantienen acuerdos comerciales. Asegura que, con frecuencia, se vulnera la libertad de elección y, por lo tanto, la libre competencia.

Tan sólo en el 10% de las defunciones con seguro de decesos, los familiares pudieron contratar a la funeraria de su elección sin que se les formulara una sugerencia o propuesta distinta, según Esfune. Eso supone unos 32.200 servicios.

En las más de 160.000 defunciones registradas en 2019 en las que el finado no había contratado una póliza, los familiares también sufrieron algún tipo de “dirigismo” en cerca de 66.000 casos, en este caso supuestamente por parte de centros hospitalarios o sociosanitarios en los que se produjo el óbito.

Esfune calcula que, de las 410.280 defunciones registradas en España en 2019, en más de 285.000 casos (sumando lo que tenían seguro y los que no) se habría producido algún tipo de actuación para que las familias contratasen a otra funeraria distinta. Sánchez considera que la CNMC debe tomar cartas en este asunto.

Sánchez apunta que algunas funerarias pagarían supuestas comisiones a hospitales o geriátricos por cada fallecimiento que se les contrate. Indica que estas comisiones pueden alcanzar “una horquilla entre 400 y 800 euros”, que luego la funeraria repercutiría al cliente en la factura final del servicio.

Hace tres años, Sánchez presentó una instancia al Ayuntamiento de Barcelona en la que denunciaba y relacionaba a 300 centros sanitarios y sociosanitarios que supuestamente incurrirían en estas prácticas. No obstante, el gobierno de Ada Colau envió la documentación a Consumo de la Generalitat y, un año después, elaboró un protocolo de buenas prácticas del sector funerario. Aquella instancia no tuvo más recorrido.

El negocio funerario se disparará en 2020 a causa del incremento de fallecimientos por el covid-19

El sobrecoste que pagaron las familias de difuntos sin seguro de decesos en 2019 en España se situaría en los 33,2 millones de euros, según los cálculos de Sánchez. Indica que, además de las familias, los perjudicados son las pequeñas funerarias.

El negocio funerario se disparó en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Precisamente, fueron los funerarios los que advirtieron que las cifras oficiales del Ministerio de sanidad no cuadraban con el elevado numero de servicios que prestaban incluso desde antes de que se declarara el primer estado de alarma. La caída del número de pensionistas puso en evidencia la magnitud del incremento de fallecimientos por el covid-19.